October 07, 2024 15:12
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Ante el cierre del ministerio de Mujeres y el desfinanciamiento de la políticas para erradicar las violencias por motivos de género, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones como Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Fundación Mujeres por Mujeres iniciaron una acción judicial colectiva contra el Poder Ejecutivo Nacional para que de certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres. Después de tres meses hubo una primera respuesta al amparo, ordenando la inscripción de la causa el registro público de procesos colectivos. “En caso de no sostenerse las políticas que garanticen un piso mínimo de protección estaríamos viendo un retroceso de más de 30 años en la institucionalidad de género”, dijo Julieta Izcurdia, abogada y directora del área Jurídica del ELA. Y agregó: “Sería la primera vez desde la vuelta a la democracia que no tenemos un órgano rector de las políticas para proteger las violencias (…) Implican retrocesos y vulneración de derechos a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Leer más
Ante el cierre del ministerio de Mujeres y el desfinanciamiento de la políticas para erradicar las violencias por motivos de género, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones como Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Fundación Mujeres por Mujeres iniciaron una acción judicial colectiva contra el Poder Ejecutivo Nacional para que de certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres. Después de tres meses hubo una primera respuesta al amparo, ordenando la inscripción de la causa el registro público de procesos colectivos. “En caso de no sostenerse las políticas que garanticen un piso mínimo de protección estaríamos viendo un retroceso de más de 30 años en la institucionalidad de género”, dijo Julieta Izcurdia, abogada y directora del área Jurídica del ELA. Y agregó: “Sería la primera vez desde la vuelta a la democracia que no tenemos un órgano rector de las políticas para proteger las violencias (…) Implican retrocesos y vulneración de derechos a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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